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por Ana Yenny Rodríguez Cabarcas
Comunicadora social- Especialista en defensa nacional
La ley de sometimiento acaba de superar su trámite en el Congreso y deja una pregunta que merece mucho más que una discusión política: ¿qué gana realmente el colombiano de a pie? La iniciativa busca que integrantes de organizaciones criminales abandonen las armas, entreguen sus bienes, colaboren con la justicia y contribuyan a reparar a las víctimas. La intención puede tener sentido, pero el país tiene derecho a preguntarse cuánto está dispuesto a conceder el Estado para conseguir que quienes han vivido del delito decidan someterse a la ley.
El asunto no es menor. El proyecto contempla rebajas de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y del 30 % para cabecillas, sujetas al cumplimiento de compromisos. Es decir, quienes han participado en estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales podrían obtener beneficios judiciales. ¿Y las víctimas? ¿Cuánto vale el miedo de un comerciante extorsionado, el dolor de una familia desplazada o la incertidumbre de quienes todavía buscan a sus desaparecidos? La justicia no puede convertirse en una calculadora de beneficios para los victimarios.
Colombia ya tiene antecedentes que deberían servir de advertencia. La Ley de Justicia y Paz de 2005 permitió la desmovilización de miles de paramilitares, pero no consiguió erradicar las estructuras criminales ni las economías ilegales que alimentaban la violencia. En Perú, la Ley de Arrepentimiento de 1992 permitió que miles de integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA colaboraran con las autoridades. Hubo resultados en inteligencia y deserciones, pero también cuestionamientos sobre garantías judiciales. La lección regional es clara: conseguir que un criminal se entregue no significa necesariamente recuperar la tranquilidad de una sociedad.
El verdadero problema está en lo que ocurre después. ¿Quién garantiza que las organizaciones no se reorganicen, que no aparezcan nuevos cabecillas o que los territorios abandonados por una estructura no terminen bajo el control de otra? La entrega de armas es importante, pero también lo es desmantelar las redes de financiación, las rutas del narcotráfico, la extorsión y los negocios ilegales. Si el Estado no ocupa esos espacios con seguridad, justicia e inversión social, el sometimiento puede terminar siendo apenas un cambio de nombres en el mapa criminal.
Al ciudadano no le sirven las cifras de desmovilizados si sigue pagando extorsiones, si no puede viajar tranquilo por una carretera o si debe cerrar su negocio por las amenazas. Tampoco le basta con escuchar que habrá reparación si los bienes no aparecen y la verdad nunca llega. El éxito de esta ley no debería medirse por cuántos delincuentes se acogen a sus beneficios, sino por cuántos colombianos recuperan su libertad, su seguridad y su derecho a vivir sin miedo.
El Estado puede ofrecer una salida jurídica a quienes decidan abandonar el crimen, pero tiene una obligación superior: proteger a quienes nunca han tenido otra opción que vivir bajo sus consecuencias. Porque una cosa es someter a los criminales a la justicia y otra muy distinta es terminar sometiendo a los ciudadanos a las condiciones de quienes durante años los han intimidado. La paz y la seguridad no pueden ser un beneficio para el delincuente mientras siguen siendo una deuda con la gente.