Foto Visit Centro Internacional
por Ana Yenny Rodríguez Cabarcas
Comunicadora social y periodista – analista
La propuesta del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, de reorganizar la estructura administrativa de Bogotá, integrando algunas entidades a las secretarías, abre una oportunidad para pensar en una ciudad con mayor capacidad institucional y mejores herramientas para responder a sus desafíos. Más allá de las fusiones y los ajustes administrativos, hay un sector que merece especial atención: la gestión del riesgo y la prevención de desastres. Los recientes movimientos sísmicos que han generado preocupación entre los bogotanos nos recuerdan que vivimos en una ciudad expuesta a diferentes amenazas y que prepararnos no puede ser una tarea secundaria ni una responsabilidad que aparezca únicamente cuando ocurre una emergencia.
Bogotá cuenta con instituciones y equipos humanos que realizan una labor fundamental. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), con las capacidades y los recursos disponibles, cumple una función esencial de coordinación, conocimiento del riesgo y articulación del sistema distrital. Su trabajo debe reconocerse y, sobre todo, fortalecerse. La discusión no debería plantearse alrededor de reducir su misionalidad o restarle autonomía técnica, sino de cómo darle mayor capacidad institucional para cumplir su propósito. Vale la pena recordar que la ciudad tuvo en el antiguo DPAE una estructura que concentraba un papel importante en la prevención y coordinación de emergencias. La evolución institucional posterior ha permitido construir el modelo actual, pero también invita a revisar cómo podemos seguir fortaleciéndolo frente a los riesgos de una capital que ha crecido y se ha transformado.
En ese contexto, una propuesta que debería entrar en la discusión de la reforma administrativa es la creación de una Secretaría Distrital de Gestión del Riesgo, que permita concentrar bajo una misma orientación estratégica las capacidades y responsabilidades de las entidades que hacen parte de este sistema, sin desconocer sus competencias ni su especialización. El IDIGER conservaría y fortalecería su papel técnico y misional; Bomberos, sus capacidades de atención y respuesta; y se establecerían mecanismos permanentes de articulación con la Policía Nacional, a través de PONALSAR, y el Ejército Nacional, mediante la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres (BRIAD), además de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el sector salud.
No se trata de crear organismos paralelos, sino de conseguir que todas esas capacidades trabajen bajo una estrategia integral, con protocolos conjuntos, responsabilidades claras y mecanismos de activación oportunos. Pero la institucionalidad, por sí sola, no es suficiente. También hay que mirar lo que ocurre con la ciudadanía. Realizar un simulacro distrital una vez al año es un ejercicio importante, pero resulta insuficiente para consolidar una verdadera cultura de prevención en una ciudad de millones de habitantes. ¿Cuántas personas saben cómo actuar ante un terremoto? ¿Cuántos conjuntos residenciales tienen planes de evacuación actualizados? ¿Cuántos barrios cuentan con ciudadanos capacitados para apoyar una primera respuesta?
La preparación debe ser permanente y llegar a colegios, universidades, empresas, comunidades y hogares. Para ello se necesitan campañas pedagógicas, capacitaciones frecuentes, simulacros sectorizados y formación de brigadas comunitarias, con recursos suficientes para que la prevención deje de ser una actividad ocasional. Una Secretaría de Gestión del Riesgo debería tener una orientación eminentemente técnica, con profesionales de altos estándares, formación especializada y oportunidades de capacitación internacional. También requeriría presupuesto para fortalecer los equipos de rescate, adquirir tecnología, mejorar los sistemas de alerta temprana, garantizar comunicaciones de emergencia y desarrollar programas educativos sostenidos. La cooperación con organismos internacionales y el entrenamiento conjunto con las fuerzas de socorro permitirían elevar las capacidades de respuesta. La inversión en este sector no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una medida de protección de la vida, el patrimonio y la infraestructura de la ciudad. La reorganización administrativa que plantea la Alcaldía es una oportunidad para pensar más allá de los organigramas y preguntarnos qué ciudad queremos construir y qué tan preparada está para enfrentar lo inesperado.
Fortalecer y articular a las entidades especializadas a través de crear una Secretaría de Gestión del Riesgo podría darle a Bogotá una dirección institucional de mayor alcance en materia de prevención y respuesta. Porque los terremotos, las inundaciones o los deslizamientos no esperan decisiones administrativas. La gestión del riesgo exige anticipación, coordinación, conocimiento e inversión. Y, sobre todo, exige entender que prepararse para salvar vidas no puede depender de un simulacro anual ni de la capacidad de reacción de unas pocas instituciones: debe ser un compromiso permanente de toda la ciudad.